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Avalan establecimiento de protocolo de intervención a pacientes de salud mental
 
 
martes, 17 de abril 2012
La Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto que ordena a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), a establecer un protocolo de intervención con pacientes de salud mental en coordinación con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Salud (P. del S. 1210).
 
            La pieza que contó con 48 votos a favor, ningún voto en contra, consigna la necesidad de que se establezca un protocolo de intervención con personas que reciben servicios de salud mental, el cual será vinculante para la Policía, los proveedores de servicios de salud mental y las salas de emergencia de los hospitales.
 
            El objetivo es ampliar la gama de garantías incluidas en las "Cartas de Derechos" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental. También,  preservar los derechos de las personas que confrontan condiciones de salud mental, garantizando que los servicios sean ofrecidos con el respeto, eficacia, empatía y compasividad necesaria para lograr alcanzar su bienestar.
 
           
 
En otro asunto, se refrendó una pieza que  autoriza a los miembros de la Policía de Puerto Rico que pertenecen a las Fuerzas Militares de Puerto Rico o los componentes de reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que puedan asistir a cursos de estudios relacionados a su carrera militar con cargo a la licencia militar (P. de la C. 1534).
 
Al presente, la licencia militar concedida a los miembros de la Uniformada excluye todo periodo de tiempo que policía asiste a cursos de estudios auspiciados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Guardia Nacional de Puerto Rico. Esto desalienta a que dichos servidores públicos asistan a los mismos. La propuesta que contó con el apoyo de la Oficina del Procurador del Veterano no  requiere la alteración del presupuesto, ni asignación de fondos adicionales. La misma se aprobó por unanimidad (48-0).
 
            Asimismo, se avaló con la abstención de la representante Carmen Yulín Cruz, el P. de la C. 1937, que enmienda la ley del  “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno”, con el objetivo de incluir como servicios acreditables los prestados por los empleados de los Consorcios y/o de las Áreas Locales establecidos para administrar los fondos Título I de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA).
 
            Se establece que la iniciativa será de beneficio para este grupo de trabajadores, quienes han asumido un rol protagónico en el desarrollo urbano, social y económico del País. La pieza fue endosada por la Asociación y la Federación de Alcaldes.
 
            Además, se consintió un proyecto que extendería el beneficio de intercambio de tablillas para vehículos de motor, exento del pago de aranceles, entre las víctimas de un delito consumado por odio (P. de la C. 3520).
 
            La iniciativa promovería la integridad y la dignidad de los ciudadanos sancionados por su trasfondo, identidad, orientación o condición hereditaria y reafirma la responsabilidad de las instituciones gubernamentales, para promover el respeto a la diversidad y la tolerancia a las diferencias individuales.
 
            También, se consideró la medida que establece que se incluya en el informe anual que se rinde a la Asamblea Legislativa sobre el funcionamiento del programa, información relativa a la actualización de las listas de los deportistas pertenecientes a la selecciones nacionales; el estudio de la situación económica de los deportistas elegibles que sirva de justificación para la participación de éstos en el Programa y un registro del rendimiento y programa de los deportistas beneficiados (P. de la C. 3746).
 
            Por otro lado, se aprobó un proyecto que enmienda como “Ley de Municipios Autónomos”, a fin de incluir una Oficina Municipal de Iniciativa de Fe y Base Comunitaria entre las unidades administrativas como parte de su estructura organizacional de la Rama Ejecutiva de cada municipio (P. de la C. 3763).
 
            Durante los trabajos se refrendó un proyecto que requiere al Departamento de Educación establecer un plan piloto para instituir el Pre-Kinder como primer nivel de educación formal en Puerto Rico, el cual iniciará en el año escolar 2012-2013, a nivel de una escuela por distrito escolar para estudiar y analizar el  impacto en las mismas (P. del S. 0770).
 
            A su vez, se aprobó por unanimidad el proyecto que enmienda la “Ley de Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que los Reglamentos adoptados por los Centros Médicos Académicos Regionales no tienen que ser registrados en el Departamento de Estado y para incluir a la Asociación Médica de Puerto Rico como parte de la Junta Central de Centros Médicos Regionales (P. de la C. 2442).
 
            De otra parte, la Cámara concurrió con las enmiendas que sometió el Senado al proyecto que crea el “Programa de vales especiales para el cuidado de hijos e hijas de madres solteras que laboren a tiempo completo”, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (P. de la C. 183) y al proyecto que enmienda la “Ley de la Oficina de Asuntos de la Juventud”, para establecer el deber en la Agencia de crear un banco de personas, preferiblemente pares, que ofrezcan tutorías y ayudas en asignaciones para mejorar los niveles de aprovechamiento de estudiantes del Sistema de Educación Pública (P. de la C. 691).
 
            Sin embargo, la delegación popular se opuso a la aprobación de la medida que enmienda la “Ley de la Judicatura”, “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, para  incorporar el mecanismo de certificación interjurisdiccional con los tribunales estatales de los Estados Unidos de América, para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda entender en controversias que se presenten sobre derecho puertorriqueño, en los diferentes estados de la Nación Americana (P. de la S. 1196).
 
Finalmente, acordaron realizar enmendar la “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, para desarrollar una campaña educativa contra la violencia doméstica y el maltrato conyugal a través de los medios de comunicación de manera constante y permanente, con la colaboración de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, alianzas con sectores privados; y que los medios de comunicación difundan la campaña como servicio público (P. del S. 0852).
 
            La Cámara recesó sus trabajos hasta el jueves, 19 de abril a la 1:00 p.m.
 
                                                                  
Contacto:
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Cámara de Representantes
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