Haber crecido con un padre legislador fue uno de los factores determinantes para que la representante Brenda López de Arrarás decidiera seguir sus pasos y aspirar a una posición electiva en la Cámara de Representantes.
Nacida en Arecibo, el 15 de abril de 1971, y criada en el barrio Cagüana de Utuado, aprendió de sus abuelos paternos los principios básicos del respeto, la integridad y los valores.
A la edad de 9 años, su papá fue electo Representante por el Distrito 22, de Lares, Adjuntas y Utuado, lo que cambió su vida radicalmente ya que comenzó a interactuar con figuras destacadas de la política puertorriqueña. Su padre la llevó también a los lugares más humildes, lo que la motivó a emprender la tarea de ayudar a los menos afortunados.
Brenda López cursó sus primeros años de estudios en la escuela pública Rafael Martínez Nadal, en Bayamón. Luego, estuvo en la de Ángeles y en la del barrio Cagüana, donde pronunció su primer discurso público mientras cursaba el sexto grado, al presentar la dedicatoria de la clase graduanda.
Posteriormente, presidió su clase de séptimo grado, ayudó a fundar un periódico en el Colegio San Miguel, donde cursó la escuela superior y presidió el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.
Los estudios universitarios los hizo en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un Bachillerato en Ciencias Políticas. En su tercer año de estudios comenzó a trabajar en la Oficina de Protocolo del Departamento de Estado y fue incursionando en la vida política ayudando a organizar la Juventud del Partido Popular Democrático (PPD). Tras finalizar su bachillerato en 1993, comenzó estudios en derecho en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.
En el 2007 decidió aspirar a un puesto electivo en la Cámara de Representantes, tras haber contraído matrimonio y dedicarse por un tiempo a su esposo el también político José Enrique Arrarás y a sus dos hijos. En las elecciones del 2008 fue la mujer del PPD que más votos obtuvo.
En la actualidad es portavoz del PPD en las Comisiones camerales de Educación, Organizaciones Comunitarias y Cooperativas, Agricultura y Desarrollo Integral de la Región Norte. Asimismo, es miembro de las Comisiones de Familia y Comunidades, Asuntos de la Mujer, Salud y Jurídico y Ética.
Para establecer La ley del límite de Contratos Gubernamentales que limita la cantidad de contratos de asesoría legal, asesoría en administración, relaciones públicas, finanzas y/o cualquier otro asunto que no beneficie directamente a la ciudadanía y el tope económico de los mismos, en contratos realizados entre personas naturales y jurídicas con cualquiera de las ramas del gobierno (legislativo, judicial y ejecutivo) y/o los municipios.
Para agregar un inciso (u) al Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para disponer que el Director o Directora de la Oficina de Ética Gubernamental aprobará un reglamento para la detección, y manejo, de casos de uso de sustancias controladas por parte de funcionarios públicos y para disponer guías mínimas, razonables y necesarias al respecto.
Para crear el Programa Ruta Turística Tradicional Navideña, el cual estará adscrito a la Compañía de Turismo de Puerto Rico y que servirá como instrumento legal para integrar en un esfuerzo específico a dicha compañía, a los municipios del país y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, entre otras instrumentalidades públicas, así como a las organizaciones comunitarias y culturales del país, para el establecimiento y celebración de diferentes actividades anuales a través de todo Puerto Rico para promocionarnos como destino turístico de importancia en la época especial de las festividades navideñas.
Para establecer el Programa Especial para la Capacitación, Desarrollo y Fortalecimiento Cooperativo-Empresarial de nuestras Jefas de Familia, el cual estará adscrito al Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo y para otros fines.
Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Número 261 de 8 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como Ley del Voluntariado de Puerto Rico, a los fines de incluir expresamente entre los programas de voluntarios que se ordenan establecer a los Presidentes de las Cámaras Legislativas, por lo menos uno dirigido a implantar estrategias, planes preventivos y formulación de medidas legislativas en contra de la violencia y el maltrato infantil.
Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que transfiera la cantidad de noventa y seis millones (96,000,000) de dólares a la Universidad de Puerto Rico provenientes de los dos mil quinientos millones (2,500,000,000) de dólares que se le autorizaron a utilizar por virtud de la Ley Número 33 del 30 de junio de 2009 del Fondo de Estímulo Económico de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada. Todo esto, en consideración a los ingresos que se restaron a la fórmula presupuestaria de nuestra universidad del 9.6% de los ingresos del Fondo General, por virtud de dicho marco legal.
Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que transfiera la cantidad de noventa y seis millones (96,000,000) de dólares a la Universidad de Puerto Rico efectivos para el año fiscal provenientes de los mil millones (1,000,000,000) de dólares que se le autorizaron a utilizar del Fondo de Estímulo Económico de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada. Todo esto, en consideración a los ingresos que se restaron a la fórmula presupuestaria de nuestra universidad del 9.6% de los ingresos del Fondo General, por virtud de dicho marco legal.
Para asignar al Departamento de Agricultura la cantidad de dos millones novecientos setenta mil dólares ($2,970,000) provenientes de fondos sobrantes del Plan de Estímulo Económico creado mediante la Ley Número 9 de 9 de marzo de 2009 a los fines de nutrir el Fondo de la Industria Lechera y viabilizar la concesión de subsidios a los ganaderos para la compra de ganado hábil para producir leche.
Para ordenar al Director Ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales, Hon. Daniel Galán Kercadó, también Secretario del Departamento de Recursos Naturales, a identificar y garantizar aquellos recursos necesarios para dejar sin efecto los posibles despidos de numerosos empleados del Zoológico de Puerto Rico, Dr. Juan A. Rivero, que ubica en la Ciudad Mayagüez, los cuales atentan de manera patente al óptimo funcionamiento y operación de este parque, de la seguridad de los miles de personas que acuden a estas facilidades, así como del adecuado cuido y atención de sobre los seiscientos (600) animales que son parte del mismo.
Para ordenar a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Judicatura, el confeccionar un Informe Especial a radicarse ante la presente Asamblea Legislativa en cuanto al impacto económico proyectado en dicho sistema a causa de los miles de despidos de empleados públicos por parte de la Administración del Gobernador, Hon. Luis G. Fortuño, a base de la Ley Número 7 de 9 de marzo de 2009, conocida como Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, el cual servirá como instrumento para identificar aquellas acciones y medidas necesarias para proteger los derechos adquiridos de los empleados públicos participantes del mismo.
Para expresar la más firme oposición de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la construcción del propuesto Gasoducto, Vía Verde, que se proyecta discurra por una extensa ruta de 91 millas desde el Municipio de Guayanilla, en la Costa Sur del país, cruzando el área montañosa hasta Arecibo en la Costa Norte, y desde allí hasta la Ciudad Capital de San Juan, Puerto Rico.
Para reafirmar la adhesión y el apoyo de la Honorable Asamblea Legislativa en torno a la vigencia y aplicabilidad de la Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual prohibe la pena de muerte.
Para expresar adhesión y apoyo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al fortalecimiento de los Distritos Escolares que traerá como resultado la transformación sistémica del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.
Para, expresar en nombre del Pueblo de Puerto Rico, nuestro orgullo y beneplácito por el nombramiento de la Honorable Sonia Sotomayor como Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos; respetuosamente, exhortar a todos los miembros del Senado de Estados Unidos y especialmente de la Comisión de lo Jurídico de ese augusto cuerpo, a que confirmen a la Hon. Sonia Sotomayor como Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en consideración a su vasta experiencia judicial, sus cualidades humanas y raíces hispanas y los demás atributos que ésta brindaría al más alto foro judicial de la Nación; y para otros fines relacionados.
Para solicitar al Departamento de la Defensa, al Departamento de Asuntos del Veterano y a las Comisiones de Asuntos del Veterano del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América que informen a esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las gestiones, acciones o planes, si alguno, para el establecimiento y desarrollo de un nuevo Hospital de Veteranos a ubicarse en el área sur-oeste del país que garantice el adecuado acceso a servicios médicos-hospitalarios de excelencia para los miles de veteranos puertorriqueños que han participado en los diversos conflictos bélicos en defensa de los postulados y principios democráticos que nos distinguen como pueblo.
Para ordenar a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Recursos Naturales, Ambiente y Energía, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a realizar una exhaustiva investigación sobre las posibles violaciones de la Ley 142 2000 conocida como la Ley para declarar la política pública del desarrollo agrícola de los terrenos comprendidos dentro del Valle del Coloso, al pretenderse construir por parte de la Autoridad de Carreteras el Conector PR 416, desde la carretera PR 417, kilómetro 2.30 en el Barrio Piedras Blancas hasta la carretera PR 418, kilómetro 0.46 en el Barrio Guanábano del Municipio de Aguada, terrenos pertenecientes a la Reserva Agrícola del Valle del Coloso.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una exhaustiva investigación en torno a las consecuencias que tendrá el Acuerdo Final de Concesión de la Alianza Público- Privada de las Autopistas PR-22 y PR -5, sobre los empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la creación de nuevos peajes, el aumento de los mismos, las limitaciones de construcción y mejoras a otras autopistas y carreteras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el realizar una exhaustiva investigación en torno a la denuncia pública sobre el manejo ofensivo e indebido por un miembro del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico durante el arresto de una joven estudiante en las manifestaciones de protestas en contra de la cuota de matrícula de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Para ordenar a las Comisiones de Hacienda y de Educación y de Organizaciones sin Fines de Lucro y Cooperativas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación en torno a las consecuencias que ha tenido la falta de mecanismos de supervisión por parte de la Oficina del Gobernador de Puerto Rico en la distribución de fondos provenientes de la Ley ARRA (2009) dirigidos al Departamento de Educación, según dicta un informe hecho público por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el realizar una exhaustiva investigación sobre el Plan Anti-crimen, si alguno, y las estrategias, acciones y procedimientos implementados por la Policía de Puerto Rico, así como los cambios que se proyectan a éstos, para atender la alarmante ola criminal de asesinatos, violencia y maltrato contra la mujer y la niñez puertorriqueña. Así también, en cuanto a las medidas particulares que se han tomado para atajar y aminorar los incidentes de violación de derechos civiles por parte de la Policía.